La Tercera.com publica columna de Arturo Orellana, jefe Diplomado en Planificación y Gestión Urbana Integrada UC: "Consideraciones para la Agenda Urbana 2018-2022".
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Consideraciones para la Agenda Urbana 2018-2022
En un país que pretende progresar en materia de desarrollo en una perspectiva integral, no solo económica sino también social y ambiental, e incluso en su dimensión política, incluyendo mayores espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones y mayor equidad de género en la estructuras de poder público y privado, precisa que haya un cierta continuidad de las políticas públicas ante cambios en la administración del Estado, sin perjuicio que el gobierno entrante tiene el legítimo derecho de hacer ajustes respaldado por las mayorías ciudadanas que lo eligieron. Así como también, resulta razonable esperar que promuevan una nueva agenda de iniciativas de carácter legislativo y técnico en aras de alcanzar sus metas planteadas en su programa de gobierno.
No obstante lo anterior, aquellas materias de interés país que están ligadas al desarrollo urbano, resultan quizás esperable que haya una cierta continuidad en la agenda trazada por la Política Nacional de Desarrollo Urbano promulgada por el propio Presidente Piñera casi al final de su primer mandato, a partir del proceso de puesta en marcha de diseño e implementación de esta política pública desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y del propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo durante la saliente administración de la Presidenta Bachelet.
A la hora del balance, se reconocen importantes avances en estos años en materia de programas de integración social y territorial, planes maestros urbanos/habitacionales, programas de regeneración de conjuntos habitacionales, construcción de ciclovías de alto estándar, rehabilitación de espacios públicos y la construcción de nuevos parques urbanos, entre otros. Todas estas iniciativas están contribuyendo significativamente a entregar una mejor calidad de vida urbana a la población, sobre todo aquella que vive en barrios y comunas más vulnerables o carenciadas, disminuyendo la brecha de inequidad existentes en la disposición de bienes y servicios públicos y privados entre comunas y ciudades en Chile.
